Asentamientos Israelíes en los Territorios Ocupados

Publicado el 19 de Septiembre, 2006, 17:00

Los niños palestinos de hoy se enfrentan a un futuro sombrío. “El ciclo actual de violencia entre palestinos e israelíes ha producido cientos de muertos y miles de heridos, palestinos en su gran mayoría. La pobreza y el desempleo se han disparado. Los bloqueos y los cierres han paralizado la economía palestina, aislado la Ribera Occidental y Gaza e impedido la prestación de ayuda médica, alimentos y combustible. Las represalias colectivas han proyectado una sombra de ira y desesperación sobre un territorio ocupado palestino ya suficientemente en tensión. También los israelíes han visto cómo sus mejores esperanzas se convertían en miedo.”

Kofi Annan, Secretario General, abril de 2001

   

El Consejo de Seguridad expresó por vez primera preocupación por los derechos humanos de la población civil de los territorios ocupados por Israel durante la guerra de 1967, en su resolución 237 (1967), en la que, entre otras cosas, recomendaba a los gobiernos interesados que respetaran escrupulosamente los principios humanitarios que figuraban en el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949.

En diciembre de 1968 la Asamblea General estableció un Comité Especial, integrado por tres miembros, encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y a otros habitantes árabes de los territorios ocupados, al que le pidió que le presentara informes siempre que fuera necesario. Desde un principio, el Gobierno israelí no permitió que el Comité Especial visitase los territorios ocupados para realizar las investigaciones que le habían sido encomendadas. Israel sostenía que la resolución por la que se establecía el Comité tenía carácter discriminatorio y constituía un intento de prejuzgar las denuncias que el Comité Especial debía investigar.

Desde 1970, el Comité Especial ha venido presentando informes anuales a la Asamblea General, que han sido complementados con dos informes periódicos adicionales a partir de 1989. Como no podían acceder a los territorios ocupados, los miembros del Comité Especial decidieron que, para preparar sus informes, visitarían los Estados vecinos y realizarían entrevistas con personas que tuviesen noticias de primera mano sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.

Los informes, en los que se pasa revista a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, incluyen información sobre incidentes relacionados con la intifada (1987-1993), la administración de justicia, el trato dado a los detenidos y a los civiles palestinos, las medidas que afectan a las libertades fundamentales y las actividades realizadas por los colonos israelíes en violación del derecho internacional.

En los informes se afirma que, especialmente durante los dos últimos decenios, Israel ha continuado su política de anexión de hecho, adoptando medidas como el establecimiento o la ampliación de los asentamientos, la confiscación de bienes, el traslado de ciudadanos israelíes a los territorios ocupados, la deportación de palestinos de los territorios y las acciones encaminadas a alentar u obligar a los palestinos a abandonar su patria. Esas medidas, según indican los informes, constituyen una violación de las obligaciones de Israel como Estado parte en el Cuarto Convenio de Ginebra.

La Comisión de Derechos Humanos nombra a un Relator Especial sobre violaciones de los derechos humanos, 1993

En febrero de 1993, por vez primera, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió nombrar un Relator Especial sobre violaciones de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluidos los territorios palestinos. En septiembre de 1993 se nombró al Sr. René Felber, ex Presidente de Suiza, Relator Especial. En enero de 1994 se le invitó a visitar los territorios palestinos ocupados. Se trataba de la primera persona con un mandato oficial de la Comisión de Derechos Humanos a quien se permitía tal cosa, y pudo hablar libremente con las personas a las que deseó entrevistar. En su informe de enero de 1994, el Relator Especial hizo un llamamiento a las autoridades israelíes y a las palestinas para que de manera prioritaria se dedicasen “a controlar esta violencia que puede constituir la amenaza más grave que pende sobre el proceso de paz”.

El 25 de febrero de 1994, la muerte de unos 30 fieles palestinos que oraban en la mezquita de Ibrahim, en Hebrón, a manos de un colono israelí, en respuesta a los ataques palestinos a los colonos, suscitó la condena universal y produjo gran preocupación por el futuro del proceso de paz, haciendo que se renovaran los llamamientos a favor de algún tipo de protección para los palestinos.

En reacción a la masacre, el 18 de marzo de 1994 el Consejo de Seguridad pidió que se adoptasen medidas para garantizar la seguridad y la protección de los civiles palestinos en todo el territorio ocupado, incluido el establecimiento de una presencia internacional. El Consejo condenó enérgicamente la masacre y pidió a Israel que continuara aplicando medidas, incluida la confiscación de armas, a fin de evitar actos ilícitos de violencia por los colonos israelíes.

Sobre el telón de fondo del continuo aumento de la violencia en la región, el actual Relator Especial sobre violaciones de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, el Sr. Giorgio Giacomelli, visitó el territorio palestino ocupado en 1999 y presentó su informe a la Comisión de Derechos Humanos en marzo de 2000. En su informe, el Sr. Giacomelli observa que las fuerzas israelíes de ocupación hacen con frecuencia demoliciones punitivas de hogares palestinos y señala que está gravemente limitado el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales a la población de los territorios ocupados por medidas como la clausura de zonas, que separa partes de los territorios ocupados, incluida Jerusalén oriental, de otras partes del territorio, así como de Israel, y que ello se ha estado imponiendo sistemáticamente desde 1993.

El informe también establece que:

- El Servicio Israelí de Seguridad General (SISG) ha utilizado sistemáticamente la tortura durante el interrogatorio de palestinos sospechosos de atentar contra la seguridad.

- En 1995, tras la retirada del ejército israelí de las principales localidades palestinas de la Ribera Occidental y su redespliegue, todos los presos palestinos fueron trasladados a Israel desde los territorios ocupados, en violación del artículo 76 del Cuarto Convenio de Ginebra.

- Ha proseguido también la práctica de la detención por orden administrativa, sin acusación ni procesamiento, aunque se ha producido una disminución en la cantidad de arrestados por orden administrativa.

El Relator Especial reconoció que hasta marzo de 2000 no se había cumplido el objetivo de protección consagrado en el derecho humanitario, en particular en el Reglamento de La Haya y en el Cuarto Convenio de Ginebra, y llegó a la conclusión siguiente:

“La recomendación del Relator Especial sólo puede ser que se apliquen rigurosamente el espíritu y la letra de las normas internacionales correspondientes, lo cual significa la inversión de las tendencias ilegales, la corrección y, cuando resulte apropiado, el resarcimiento.”

El impacto económico de la ocupación

Las crisis reiteradas y la violencia conexa a ellas han producido un grave impacto económico en las vidas de los palestinos en el territorio ocupado.

De acuerdo con un informe publicado por el Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio, que abarca desde el 1° de octubre de 2000 hasta el 31 de enero de 2001, la combinación de clausura de fronteras, restricción de los movimientos internos y cierre de las fronteras internacionales constituye el conjunto más grave y rotundo de restricciones impuestas sobre los territorios palestinos ocupados desde el comienzo de la ocupación en 1967. Citando un estudio de campo hecho por la Oficina Central de Estadística de Palestina, el Coordinador Especial concluyó que, por término medio, las pérdidas económicas directas se calculaban en un 50,7% del PIB en el período de octubre a noviembre de 2000.

La visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a los territorios ocupados, 2000

En noviembre de 2000, la Sra. Mary Robinson fue la primera Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visitó el territorio ocupado. La visita fue consecuencia de una resolución aprobada en el quinto período extraordinario de sesiones de la Comisión, el 19 de octubre de 2000, en la que se pedía a la Alta Comisionada que visitara urgentemente los territorios palestinos ocupados para analizar las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino por Israel. En su informe, presentado el 29 de noviembre de 2000, la Sra. Robinson hizo notar que la situación en materia de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados era desoladora. “La alegación que con mayor frecuencia se señaló a la atención de la Alta Comisionada era que las fuerzas de seguridad de Israel habían recurrido al uso excesivo de la fuerza y de forma desproporcionada a la amenaza con que se enfrentaban sus soldados”. Al tratar de dispersar las manifestaciones, observaba la Alta Comisionada, las autoridades militares israelíes habían utilizado municiones activas, balas de metal revestido de caucho y gases lacrimógenos, que resultaron en muertes y lesiones entre los palestinos. También se usaron armas más pesadas, como cohetes disparados por la infantería y desde helicópteros, vehículos blindados desplegados en toda la Faja de Gaza y en la Ribera Occidental, y ametralladoras pesadas.

El informe hizo varias recomendaciones, entre ellas:

- Debería ponerse fin a la construcción de nuevos asentamientos y deberían eliminarse los ubicados en zonas palestinas de gran densidad de población;

- Todos los casos de uso de fuerza letal por ambas partes deberían ser investigados y sometidos a procesos judiciales a fin de evitar la impunidad;

- Deberían respetarse los lugares sagrados y su acceso a ellos por todas las confesiones religiosas;

- Las autoridades israelíes deberían garantizar la libre circulación del personal internacional y nacional de los organismos de las Naciones Unidas y facilitar su acceso a quienes necesiten de asistencia.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en el 57° período de sesiones en abril de 2001, expresó su grave preocupación “por el deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados” y condenó “el excesivo e indiscriminado recurso a la fuerza, que no puede sino agravar la situación y aumentar el ya elevado número de muertes”. La Comisión también pidió a Israel “que desista de todas las formas de violación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y los demás territorios árabes ocupados, y que respete los fundamentos del derecho internacional, los principios del derecho internacional humanitario, sus compromisos internacionales y los acuerdos que firmó con la Organización de Liberación de Palestina”.