Asentamientos Israelíes en los Territorios Ocupados

Publicado el 29 de Agosto, 2006, 6:00

La situación en el territorio palestino de la Ribera Occidental, la Faja de Gaza, incluida Jerusalén, después de más de 20 años de ocupación militar, represión y confiscaciones de tierras, coadyuvó al estallido de una sublevación espontánea, la intifada, en diciembre de 1987. Palestinos de todos los estratos sociales —jóvenes, comerciantes, trabajadores, mujeres y niños— participaron en nutridas manifestaciones, boicoteos económicos, actividades de resistencia al pago de impuestos y huelgas, en protesta por la ocupación militar de su territorio y en reclamación de la independencia nacional.

El Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, el Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino y de otros árabes de los territorios ocupados y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) han seguido de cerca la evolución de la situación.

Esos órganos han presentado informes en los que se daba cuenta de las duras medidas adoptadas por las autoridades de ocupación, incluidas la utilización de munición de guerra contra los manifestantes y las palizas propinadas como castigo ejemplar. Entre 1987 y 1993 murieron más de 1.000 palestinos, y decenas de miles han resultado heridos. Millares de palestinos han sido detenidos e internados en prisiones de Israel y muchos de ellos han sido deportados del territorio palestino ocupado. En los informes se describen casos de malos tratos y de torturas en las cárceles, de utilización de gases lacrimógenos con resultados fatales, de extralimitación en la utilización de munición de guerra, de palizas y de otras graves medidas. Además, las autoridades de ocupación han recurrido también a diversas formas de represalias colectivas, como la demolición de viviendas, la imposición de toques de queda prolongados y la adopción de medidas económicas restrictivas.

El sistema de enseñanza se paralizó a causa del cierre prolongado de escuelas y universidades y de la prohibición de impartir enseñanza extraescolar. Se impusieron restricciones a los servicios sociales y se declararon fuera de la ley ciertos medios de comunicación y organizaciones cívicas. Se talaron decenas de miles de árboles productivos y se destruyeron cultivos. Según los informes recibidos, se incrementó el alcance y la gravedad de los actos de violencia y de agresión por parte de los colonos israelíes. En esa situación, los palestinos intentaron, a pesar de todo, superar las graves dificultades económicas recurriendo a la economía de base comunitaria.

El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General mostraron grave preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades de ocupación contra la intifada. Desde el comienzo mismo del levantamiento, comenzando con la resolución 605 (1987) del Consejo de Seguridad, de 22 de diciembre de 1987, se prestó especial atención a la seguridad y a la protección de los palestinos en los territorios ocupados de conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949. En dicha resolución el Consejo de Seguridad “lamenta profundamente esa política y esas prácticas de Israel, la Potencia ocupante, que violan los derechos humanos del pueblo palestino en los territorios ocupados, y en particular, que el ejército israelí haya abierto el fuego, causando muertos y heridos entre los civiles palestinos indefensos”.

Luego de la aprobación de la resolución 605 (1987), el Consejo de Seguridad aprobó cuatro resoluciones específicamente dedicadas a la cuestión de las deportaciones de los palestinos de los territorios ocupados. En las resoluciones 607 (1988), de 5 de enero de 1988, 608 (1988), de 14 de enero de 1988, 636 (1989), de 6 de julio de 1989, y 641 (1989), de 30 de agosto de 1989, el Consejo de Seguridad pidió a Israel que dejara de deportar civiles palestinos y que asegurara el retorno en condiciones de seguridad a los territorios ocupados de aquellos a los que ya había deportado.

En una nota presidencial de fecha 26 de agosto de 1988, los miembros del Consejo de Seguridad dijeron que estaban seriamente preocupados por la continuación del deterioro de la situación en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluida Jerusalén, y, en particular, por la grave situación creada por el acordonamiento de ciertas zonas, la imposición del toque de queda y, en consecuencia, el creciente número de heridos y muertos. Los miembros del Consejo de Seguridad consideraron que la situación en los territorios ocupados tenía graves consecuencias para los esfuerzos tendientes a lograr una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio.

No se adoptaron varias medidas que se habían propuesto en el marco del Consejo de Seguridad para garantizar una protección segura de los palestinos de acuerdo con el Cuarto Convenio de Ginebra ya que no se logró un consenso entre los miembros permanentes. No obstante, el 20 de diciembre de 1990 el Consejo de Seguridad pidió unánimemente al Secretario General que hiciese nuevas gestiones en forma urgente a los efectos de vigilar y observar la situación en relación con los civiles palestinos bajo la ocupación israelí e instó a Israel a que aplicase el Cuarto Convenio de Ginebra en todos los territorios ocupados. Sin embargo, Israel ha rechazado la aplicabilidad de jure del Convenio, al tiempo que ha declarado que lo respeta de hecho.