Asentamientos Israelíes en los Territorios Ocupados

Publicado el 19 de Septiembre, 2006, 17:00

Los niños palestinos de hoy se enfrentan a un futuro sombrío. “El ciclo actual de violencia entre palestinos e israelíes ha producido cientos de muertos y miles de heridos, palestinos en su gran mayoría. La pobreza y el desempleo se han disparado. Los bloqueos y los cierres han paralizado la economía palestina, aislado la Ribera Occidental y Gaza e impedido la prestación de ayuda médica, alimentos y combustible. Las represalias colectivas han proyectado una sombra de ira y desesperación sobre un territorio ocupado palestino ya suficientemente en tensión. También los israelíes han visto cómo sus mejores esperanzas se convertían en miedo.”

Kofi Annan, Secretario General, abril de 2001

   

El Consejo de Seguridad expresó por vez primera preocupación por los derechos humanos de la población civil de los territorios ocupados por Israel durante la guerra de 1967, en su resolución 237 (1967), en la que, entre otras cosas, recomendaba a los gobiernos interesados que respetaran escrupulosamente los principios humanitarios que figuraban en el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949.

En diciembre de 1968 la Asamblea General estableció un Comité Especial, integrado por tres miembros, encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos del pueblo palestino y a otros habitantes árabes de los territorios ocupados, al que le pidió que le presentara informes siempre que fuera necesario. Desde un principio, el Gobierno israelí no permitió que el Comité Especial visitase los territorios ocupados para realizar las investigaciones que le habían sido encomendadas. Israel sostenía que la resolución por la que se establecía el Comité tenía carácter discriminatorio y constituía un intento de prejuzgar las denuncias que el Comité Especial debía investigar.

Desde 1970, el Comité Especial ha venido presentando informes anuales a la Asamblea General, que han sido complementados con dos informes periódicos adicionales a partir de 1989. Como no podían acceder a los territorios ocupados, los miembros del Comité Especial decidieron que, para preparar sus informes, visitarían los Estados vecinos y realizarían entrevistas con personas que tuviesen noticias de primera mano sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.

Los informes, en los que se pasa revista a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, incluyen información sobre incidentes relacionados con la intifada (1987-1993), la administración de justicia, el trato dado a los detenidos y a los civiles palestinos, las medidas que afectan a las libertades fundamentales y las actividades realizadas por los colonos israelíes en violación del derecho internacional.

En los informes se afirma que, especialmente durante los dos últimos decenios, Israel ha continuado su política de anexión de hecho, adoptando medidas como el establecimiento o la ampliación de los asentamientos, la confiscación de bienes, el traslado de ciudadanos israelíes a los territorios ocupados, la deportación de palestinos de los territorios y las acciones encaminadas a alentar u obligar a los palestinos a abandonar su patria. Esas medidas, según indican los informes, constituyen una violación de las obligaciones de Israel como Estado parte en el Cuarto Convenio de Ginebra.

La Comisión de Derechos Humanos nombra a un Relator Especial sobre violaciones de los derechos humanos, 1993

En febrero de 1993, por vez primera, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió nombrar un Relator Especial sobre violaciones de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, incluidos los territorios palestinos. En septiembre de 1993 se nombró al Sr. René Felber, ex Presidente de Suiza, Relator Especial. En enero de 1994 se le invitó a visitar los territorios palestinos ocupados. Se trataba de la primera persona con un mandato oficial de la Comisión de Derechos Humanos a quien se permitía tal cosa, y pudo hablar libremente con las personas a las que deseó entrevistar. En su informe de enero de 1994, el Relator Especial hizo un llamamiento a las autoridades israelíes y a las palestinas para que de manera prioritaria se dedicasen “a controlar esta violencia que puede constituir la amenaza más grave que pende sobre el proceso de paz”.

El 25 de febrero de 1994, la muerte de unos 30 fieles palestinos que oraban en la mezquita de Ibrahim, en Hebrón, a manos de un colono israelí, en respuesta a los ataques palestinos a los colonos, suscitó la condena universal y produjo gran preocupación por el futuro del proceso de paz, haciendo que se renovaran los llamamientos a favor de algún tipo de protección para los palestinos.

En reacción a la masacre, el 18 de marzo de 1994 el Consejo de Seguridad pidió que se adoptasen medidas para garantizar la seguridad y la protección de los civiles palestinos en todo el territorio ocupado, incluido el establecimiento de una presencia internacional. El Consejo condenó enérgicamente la masacre y pidió a Israel que continuara aplicando medidas, incluida la confiscación de armas, a fin de evitar actos ilícitos de violencia por los colonos israelíes.

Sobre el telón de fondo del continuo aumento de la violencia en la región, el actual Relator Especial sobre violaciones de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados, el Sr. Giorgio Giacomelli, visitó el territorio palestino ocupado en 1999 y presentó su informe a la Comisión de Derechos Humanos en marzo de 2000. En su informe, el Sr. Giacomelli observa que las fuerzas israelíes de ocupación hacen con frecuencia demoliciones punitivas de hogares palestinos y señala que está gravemente limitado el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales a la población de los territorios ocupados por medidas como la clausura de zonas, que separa partes de los territorios ocupados, incluida Jerusalén oriental, de otras partes del territorio, así como de Israel, y que ello se ha estado imponiendo sistemáticamente desde 1993.

El informe también establece que:

- El Servicio Israelí de Seguridad General (SISG) ha utilizado sistemáticamente la tortura durante el interrogatorio de palestinos sospechosos de atentar contra la seguridad.

- En 1995, tras la retirada del ejército israelí de las principales localidades palestinas de la Ribera Occidental y su redespliegue, todos los presos palestinos fueron trasladados a Israel desde los territorios ocupados, en violación del artículo 76 del Cuarto Convenio de Ginebra.

- Ha proseguido también la práctica de la detención por orden administrativa, sin acusación ni procesamiento, aunque se ha producido una disminución en la cantidad de arrestados por orden administrativa.

El Relator Especial reconoció que hasta marzo de 2000 no se había cumplido el objetivo de protección consagrado en el derecho humanitario, en particular en el Reglamento de La Haya y en el Cuarto Convenio de Ginebra, y llegó a la conclusión siguiente:

“La recomendación del Relator Especial sólo puede ser que se apliquen rigurosamente el espíritu y la letra de las normas internacionales correspondientes, lo cual significa la inversión de las tendencias ilegales, la corrección y, cuando resulte apropiado, el resarcimiento.”

El impacto económico de la ocupación

Las crisis reiteradas y la violencia conexa a ellas han producido un grave impacto económico en las vidas de los palestinos en el territorio ocupado.

De acuerdo con un informe publicado por el Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio, que abarca desde el 1° de octubre de 2000 hasta el 31 de enero de 2001, la combinación de clausura de fronteras, restricción de los movimientos internos y cierre de las fronteras internacionales constituye el conjunto más grave y rotundo de restricciones impuestas sobre los territorios palestinos ocupados desde el comienzo de la ocupación en 1967. Citando un estudio de campo hecho por la Oficina Central de Estadística de Palestina, el Coordinador Especial concluyó que, por término medio, las pérdidas económicas directas se calculaban en un 50,7% del PIB en el período de octubre a noviembre de 2000.

La visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a los territorios ocupados, 2000

En noviembre de 2000, la Sra. Mary Robinson fue la primera Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que visitó el territorio ocupado. La visita fue consecuencia de una resolución aprobada en el quinto período extraordinario de sesiones de la Comisión, el 19 de octubre de 2000, en la que se pedía a la Alta Comisionada que visitara urgentemente los territorios palestinos ocupados para analizar las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino por Israel. En su informe, presentado el 29 de noviembre de 2000, la Sra. Robinson hizo notar que la situación en materia de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados era desoladora. “La alegación que con mayor frecuencia se señaló a la atención de la Alta Comisionada era que las fuerzas de seguridad de Israel habían recurrido al uso excesivo de la fuerza y de forma desproporcionada a la amenaza con que se enfrentaban sus soldados”. Al tratar de dispersar las manifestaciones, observaba la Alta Comisionada, las autoridades militares israelíes habían utilizado municiones activas, balas de metal revestido de caucho y gases lacrimógenos, que resultaron en muertes y lesiones entre los palestinos. También se usaron armas más pesadas, como cohetes disparados por la infantería y desde helicópteros, vehículos blindados desplegados en toda la Faja de Gaza y en la Ribera Occidental, y ametralladoras pesadas.

El informe hizo varias recomendaciones, entre ellas:

- Debería ponerse fin a la construcción de nuevos asentamientos y deberían eliminarse los ubicados en zonas palestinas de gran densidad de población;

- Todos los casos de uso de fuerza letal por ambas partes deberían ser investigados y sometidos a procesos judiciales a fin de evitar la impunidad;

- Deberían respetarse los lugares sagrados y su acceso a ellos por todas las confesiones religiosas;

- Las autoridades israelíes deberían garantizar la libre circulación del personal internacional y nacional de los organismos de las Naciones Unidas y facilitar su acceso a quienes necesiten de asistencia.

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reunida en el 57° período de sesiones en abril de 2001, expresó su grave preocupación “por el deterioro de la situación humanitaria y de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados” y condenó “el excesivo e indiscriminado recurso a la fuerza, que no puede sino agravar la situación y aumentar el ya elevado número de muertes”. La Comisión también pidió a Israel “que desista de todas las formas de violación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y los demás territorios árabes ocupados, y que respete los fundamentos del derecho internacional, los principios del derecho internacional humanitario, sus compromisos internacionales y los acuerdos que firmó con la Organización de Liberación de Palestina”.

Publicado el 31 de Agosto, 2006, 7:00

El empeño de las Naciones Unidas por conseguir un arreglo negociado en el conflicto del Oriente Medio y por asegurar el respeto a los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el derecho a la libre determinación, se han orientado, entre otras cosas, por dos resoluciones del Consejo de Seguridad, la resolución 242 (1967) y la resolución 338 (1973). Incluso cuando las negociaciones se celebraron fuera del marco de las Naciones Unidas, bien de forma bilateral, bien con participación de partes regionales o socios internacionales, estas resoluciones siguieron siendo los puntos de referencia en los que todas las partes coincidían como los fundamentos sobre los que podría edificarse una paz justa y duradera.

La Conferencia Internacional de Paz, 1973

En diciembre de 1973 se convocó la Conferencia Internacional de Paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la presidencia conjunta de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Egipto, Israel y Jordania estuvieron representados en la Conferencia, pero Siria se negó a participar. Después de tres sesiones, la Conferencia se suspendió indefinidamente; no obstante, se acordó que proseguiría la labor iniciada por conducto de un Grupo de Trabajo Militar.

El Grupo de Trabajo desempeñó un importante papel en la concertación de acuerdos sobre la separación de fuerzas entre Egipto e Israel en enero de 1974 y octubre de 1975. El Grupo también participó en la concertación de un acuerdo de separación entre Siria e Israel en mayo de 1974. Esos acuerdos se ejecutaron con la asistencia de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: la FENU-II en el sector egipcio-israelí y la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) en el sector sirio-israelí.

Entre 1974 y 1977 se hicieron esfuerzos a varios niveles para promover la reanudación del proceso de negociación. El Consejo de Seguridad pidió reiteradamente a las partes que aplicasen la resolución 338 (1973). La Asamblea General hizo varios llamamientos a los efectos de que se reanudara la Conferencia de Paz en Ginebra. A principios de 1977, y después de visitar el Oriente Medio, el Secretario General informó al Consejo de Seguridad de que las diferencias fundamentales entre las partes habían impedido llegar a un acuerdo sobre la reanudación de la Conferencia. La dificultad más inmediata guardaba relación con la cuestión de la participación de la OLP, a lo que se negaba Israel.

Los acuerdos de Camp David, 1978

La visita del Presidente de Egipto, Anwar al-Sadat, a Jerusalén en noviembre de 1977 constituyó un nuevo elemento en la situación del Oriente Medio. Posteriormente, y con los Estados Unidos en calidad de intermediario, Egipto e Israel celebraron negociaciones directas que se plasmaron en la concertación de dos acuerdos marco de paz en septiembre de 1978, conocidos como los acuerdos de Camp David. A pesar de la firme oposición de la mayoría de los Estados árabes y de la OLP, los acuerdos dieron lugar a la firma de un tratado de paz entre los dos países en marzo de 1979. Merced al tratado, las fuerzas israelíes se retiraron del Sinaí en abril de 1982.

El 1° de septiembre de 1982, a raíz de la invasión israelí del Líbano y de la evacuación de los combatientes de la OLP de Beirut, el Presidente Ronald Reagan, de los Estados Unidos, pidió la autonomía de los palestinos de los territorios ocupados, en asociación con Jordania, y dijo que esa asociación constituía la mejor oportunidad para lograr una "paz justa y duradera". El Presidente Reagan también pidió que no se realizaran más asentamientos israelíes. Su iniciativa de paz se basaba en la fórmula "tierra a cambio de paz" de las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad.

En ese mismo mes, la 12ª Conferencia Árabe en la Cumbre de la Liga de los Estados Árabes, celebrada en Fez (Marruecos), aprobó una declaración en la que se pedía la retirada de Israel de los territorios ocupados en 1967, el desmantelamiento de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, la reafirmación del derecho del pueblo palestino a la libre determinación y el establecimiento de un Estado palestino independiente después de un período de transición, bajo el control de las Naciones Unidas. En la Declaración de Fez también se pedía que el Consejo de Seguridad garantizase la paz "entre todos los Estados de la región, inclusive el Estado palestino independiente". En fecha posterior de ese mismo año, la Asamblea General hizo suyo el plan de paz árabe.

La Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina, 1981

Por otra parte, la Asamblea General, preocupada por el hecho de que no se había logrado una solución justa a la cuestión de Palestina, convocó en 1981 una conferencia internacional sobre la cuestión. La Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina se celebró en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 1983. Asistieron representantes de 137 Estados (117 en calidad de participantes de pleno derecho y 20 en calidad de observadores), así como de la OLP. Esa iniciativa no fue respaldada por todas las partes: Israel, los Estados Unidos y algunos otros países expresaron su oposición a la celebración de la Conferencia.

La Conferencia adoptó por aclamación una Declaración sobre Palestina y aprobó un Programa de Acción para el logro de los derechos de los palestinos. En el Programa se recomendaban las medidas que habían de tomar los Estados, los órganos de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. La Conferencia consideró esencial que se convocase una conferencia internacional de paz para el Oriente Medio bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con participación, en un pie de igualdad, de todas las partes en el conflicto árabe-israelí.

En fecha posterior de 1983, la Asamblea General acogió favorablemente el llamamiento de la Conferencia de Ginebra para que se celebrara una conferencia internacional de paz para el Oriente Medio. Durante todo el decenio de 1980, la Asamblea General, contando cada vez con más apoyo, reafirmó el llamamiento a los efectos de la convocación de la conferencia propuesta.

En diciembre de 1988, la Asamblea General, que se había reunido en Ginebra para que Yasser Arafat, Presidente de la OLP, pronunciara un discurso ante ella, expresó un apoyo sin precedentes a la convocación de la conferencia de paz propuesta. En la resolución 43/176 de la Asamblea General, aprobada por 138 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, se pidió la convocación de la Conferencia Internacional de Paz sobre el Oriente Medio bajo los auspicios de las Naciones Unidas, con la participación de todas las partes en el conflicto, incluida la Organización de Liberación de Palestina, en pie de igualdad, y de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sobre la base de las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad y de los legítimos derechos nacionales del pueblo palestino, primordialmente su derecho a la libre determinación.

Reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la OLP, Argel, 1988

La sesión de la Asamblea General tuvo lugar inmediatamente después de una importante reunión del Consejo Nacional de Palestina, celebrada en noviembre de 1988 en Argel. En parte a causa de la ruptura de todos los vínculos jurídicos y administrativos de Jordania con la Ribera Occidental, que tuvo lugar en julio de 1988, el Consejo Nacional de Palestina dio a conocer dos documentos trascendentales. El primero era un Comunicado Político en el que se afirmaba la determinación del Consejo Nacional de Palestina de lograr una solución política general al problema de Palestina en el marco de la Carta y de las resoluciones de las Naciones Unidas; el segundo era la Declaración de Independencia del Estado de Palestina, en la que el Consejo Nacional de Palestina anunciaba la creación del Estado de Palestina, cuya capital era Jerusalén, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional, incluida la resolución 181 (II) de la Asamblea General, de 1947, en la que se preveía la partición de Palestina en un Estado árabe y un Estado judío.

En virtud de esos dos documentos, la OLP reconocía de hecho al Estado de Israel. El Sr. Arafat lo afirmó expresamente durante la sesión de la Asamblea General celebrada en diciembre de 1988 en Ginebra, reconociendo "el derecho de todas las partes en el conflicto del Oriente Medio a existir en paz y seguridad, con inclusión... del Estado de Palestina, Israel y los países vecinos, de conformidad con la resolución 242" (1967).

En 1989 se formularon varias propuestas: Israel aprobó una iniciativa de paz, basada en sus posiciones anteriores, que incluía la celebración de elecciones; Egipto propuso una serie de principios relativos a un posible proceso de paz y a la subsiguiente celebración de elecciones en el territorio palestino ocupado; y el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, James Baker, en respuesta al plan israelí, formuló cuatro principios para avanzar en el proceso de paz del Oriente Medio, basándose en las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad, en las que no se admitía que Israel controlase permanentemente la Ribera Occidental y la Faja de Gaza ni que existiera una entidad palestina independiente. Por su parte, el Consejo de Seguridad, en virtud de una declaración formulada por su Presidente el 20 de diciembre de 1990, convino en que la celebración de una conferencia internacional en el momento adecuado facilitaría la labor encaminada a lograr una solución negociada y una paz duradera en relación con el conflicto árabe-israelí.

Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio, Madrid, 1991

En 1991, los cambios que tuvieron lugar a nivel mundial, como la finalización de la guerra fría y la guerra del Golfo y sus consecuencias influyeron también en la situación del Oriente Medio. El proceso de negociación se reanudó con vigor en octubre de 1991 mediante la convocación de la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio, celebrada en Madrid bajo la presidencia conjunta de los Estados Unidos de América y la Unión Soviética. Un representante del Secretario General de las Naciones Unidas asistió a la Conferencia en calidad de observador.

La Conferencia satisfizo la exigencia de Israel de que se celebraran negociaciones con cada una de las partes, al tiempo que se hablaba por primera vez del proceso de paz en el contexto de una conferencia internacional. Se establecía un cauce bilateral de negociación de Israel con los Estados árabes vecinos (el Líbano, Jordania y Siria) y los palestinos, quienes formaban parte de una delegación conjunta jordano-palestina. Además, en enero de 1992 todos los participantes y otros Estados árabes interesados iniciaron negociaciones multilaterales simultáneas sobre diversas cuestiones de carácter regional. Las negociaciones versaron sobre la limitación de armamentos, la seguridad regional, el agua, el medio ambiente, el desarrollo económico y regional y los refugiados.

Al informar sobre la Conferencia de Madrid, el Secretario General dijo al Consejo de Seguridad que, aunque se hubiera celebrado al margen del marco de las Naciones Unidas, la Conferencia contaba con el apoyo de todas las partes interesadas y se basaba en las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad, ambas piedras angulares de un arreglo amplio de paz. En homenaje a la Conferencia de Madrid, el Secretario General la describió como "histórica".

Las Naciones Unidas se incorporan a las negociaciones multilaterales de paz como participante extrarregional de pleno derecho, 1993

En 1992, los copatrocinadores —los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia (ex Unión Soviética)— invitaron a las Naciones Unidas a que participaran de pleno derecho en las negociaciones multilaterales. En 1993, el Secretario General nombró Representante Especial suyo en las conversaciones multilaterales sobre el Oriente Medio al Sr. Chinmaya Gharekhan, al que encomendó la tarea de coordinar la actuación de las Naciones Unidas en los grupos de trabajo sobre limitación de armamentos y seguridad regional, agua, medio ambiente, desarrollo económico y regional y refugiados.

Al tiempo que acogía con beneplácito la evolución de los acontecimientos en el Oriente Medio, la Asamblea General reiteraba su petición de que se convocara una Conferencia Internacional de la Paz sobre el Oriente Medio bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que, en su opinión, coadyuvaría al avance de la paz en la región.

A mediados de 1993 se estancaron las conversaciones bilaterales relacionadas con diversas cuestiones políticas y de seguridad. Al parecer, no se había realizado ningún avance a los efectos de resolver problemas importantes entre los israelíes y los palestinos, Siria, Jordania y el Líbano, respectivamente. No obstante, Israel y la OLP estaban celebrando conversaciones secretas en Noruega, de las que sólo tenían conocimiento unas cuantas personas.

El "canal de Oslo" y el "apretón de manos de Washington", 1993

El "canal de Oslo", que inicialmente había sido alentado por el Sr. Terje Roed-Larsen, por entonces un particular noruego, junto con un alto funcionario de la OLP y un importante catedrático israelí, a finales de 1992, progresó bajo la dirección del Ministro de Relaciones Exteriores noruego, Johan Joergen Holst, quien falleció posteriormente. Una vez concluidas las negociaciones de Oslo, a finales de agosto de 1993, se comunicó a un mundo a la vez sorprendido y esperanzado la noticia de que se había concertado un acuerdo entre Israel y la OLP.

El 10 de septiembre de 1993, Israel y la OLP realizaron un canje de notas de reconocimiento mutuo. La OLP reconoció el derecho de Israel a existir e Israel reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino.

Tres días después, a saber, el 13 de septiembre de 1993, en una ceremonia que tuvo lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C., en presencia del Presidente Bill Clinton, de los Estados Unidos, y de Andrei V. Kozyrev, Ministro de Relaciones Exteriores ruso, los representantes de Israel y de la OLP firmaron la Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional Palestino (Acuerdo de Oslo). Tras la firma de la Declaración, el Primer Ministro israelí, Isaac Rabin, y el Presidente de la OLP, Yasser Arafat, se estrecharon la mano.

El acuerdo determinaba, entre otras cosas, que:

- El objetivo de las negociaciones israelí-palestinas era establecer un gobierno autónomo provisional palestino, un Consejo elegido para la población palestina de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza, durante un período de transición de no más de cinco años, que desembocara en una solución permanente basada en las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad.

- Las cuestiones de Jerusalén, refugiados, asentamientos, arreglos de seguridad, fronteras, relaciones y cooperación con otros vecinos se aplazaban hasta la fase de negociaciones sobre el estatuto permanente, a más tardar al comenzar el tercer año del período de transición.

La Asamblea General expresó su pleno apoyo a la Declaración y subrayó asimismo la necesidad de que las Naciones Unidas participaran activamente en el proceso de paz. Igualmente exhortó a los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas a que prestaran mayor asistencia económica y técnica a los palestinos.

Reunión de donantes en Washington, 1993

Al tiempo que acogía con satisfacción la evolución positiva en la región y subrayaba la necesidad de avanzar en la satisfacción de las necesidades del pueblo palestino, el Secretario General creó un grupo de trabajo de alto nivel de la Faja de Gaza y de Jericó. La función del grupo de trabajo era averiguar cómo podrían las Naciones Unidas ampliar su programa de asistencia en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. El grupo de trabajo, que concluyó su cometido el 23 de septiembre de 1993, resaltó la necesidad de poner en marcha proyectos que mejoraran de forma rápida y patente la vida cotidiana de los palestinos.

El 1° de octubre de 1993, más de 40 países e instituciones donantes, comprendidas las Naciones Unidas, participaron en la Conferencia en Apoyo de la Paz en el Oriente Medio, en Washington, D.C., y se comprometieron a aportar 2.400 millones de dólares en los cinco años siguientes para financiar el desarrollo social y económico de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. A fin de incrementar la presencia y participación del sistema de las Naciones Unidas durante el proceso de transición y de fortalecer la cooperación interinstitucional de las Naciones Unidas, en junio de 1944 se estableció la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas (OCENU) en los territorios ocupados, que había de dirigir el Sr. Terje Roed-Larsen. Le sucedió el Sr. Chinmaya Gharekhan, desde 1996 hasta 1999.

El mandato de la OCENU era múltiple:

- Proporcionar orientación general y posibilitar la coordinación entre los programas de las Naciones Unidas en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza.

- Representar a las Naciones Unidas en las reuniones de coordinación de los donantes y ayudar a la Autoridad Palestina y a los donantes a coordinar la asistencia de los donantes internacionales.

- Mantener el contacto con las muchas organizaciones no gubernamentales que actúan en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza.

- Apoyar la aplicación de la Declaración de Principios a petición de las partes.

- Representar al Secretario General en grupos de trabajo multilaterales establecidos de conformidad con los Acuerdos de Paz israelí-palestinos.

En septiembre de 1999 se revisó el mandato de la OCENU y se volvió a nombrar al Sr. Roed-Larsen Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz en el Oriente Medio y Representante Personal del Secretario General ante la Organización de Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina. Además de acometer los preparativos adecuados en el marco de las Naciones Unidas para mejorar la asistencia al desarrollo de éstas en apoyo del proceso de paz, el nuevo Coordinador Especial representa al Secretario General ante las partes interesadas y a la comunidad internacional en todas las cuestiones relativas al mantenimiento del apoyo de las Naciones Unidas en todos los aspectos del proceso de paz.

El Acuerdo Provisional israelí-palestino, 1995

El 4 de mayo de 1994, palestinos e israelíes llegaron a un acuerdo en El Cairo respecto a la primera fase de la aplicación de la Declaración de Principios. En aquella fecha dio comienzo formalmente el período provisional. Yasser Arafat, dirigente de la Organización de Liberación de Palestina y Presidente de la recientemente creada Autoridad Palestina, regresó a Gaza en julio para hacerse cargo de la nueva administración.

En 1995 se hicieron importantes avances al firmarse en Washington, D.C., el Acuerdo Provisional sobre la Ribera Occidental y la Faja de Gaza el 28 de septiembre. El Acuerdo disponía la disolución de la administración civil israelí y la retirada del gobierno militar israelí, con un calendario para el traspaso de atribuciones y responsabilidades a la Autoridad Autónoma Provisional Palestina. El nuevo Acuerdo establecía también las formas de participación en elecciones de los palestinos de la Ribera Occidental, Jerusalén y la Faja de Gaza, y así como disposiciones acerca de la supervisión internacional del proceso electoral. Estos acuerdos supusieron un paso adelante significativo en la aplicación de la Declaración de Principios.

Uno de los rasgos principales del Acuerdo fue la división de la Ribera Occidental en las tres zonas siguientes:

- La zona A está constituida por las siete principales ciudades palestinas: Jenin, Kalkiliya, Tulkarm, Naplusa, Ramallah, Belén y Hebrón, donde los palestinos tendrán plenas atribuciones respecto de la seguridad civil.

- En la zona B, que comprende todos los demás centros palestinos de población (salvo algunos campamentos de refugiados), Israel mantendrá la responsabilidad predominante en materia de seguridad.

- En la zona C, que comprende todos los asentamientos, las bases y zonas militares y las tierras estatales, Israel conservará atribuciones exclusivas en materia de seguridad.

El asesinato de Rabin, 1995

En un golpe trágico para el proceso de paz, el entonces Primer Ministro israelí Isaac Rabin murió asesinado el 4 de noviembre de 1995 en Tel-Aviv. El Secretario General condenó el asesinato. En una sesión extraordinaria, celebrada el 5 de noviembre, la Asamblea General rindió homenaje al dirigente israelí asesinado.

En enero de 1996 la recientemente instituida Autoridad Palestina celebró sus primeras elecciones democráticas para elegir un Consejo Palestino compuesto por 88 miembros. Yasser Arafat, presidente de la OLP, fue elegido Presidente de la Autoridad Ejecutiva Palestina.

El proceso de paz sufrió graves reveses en febrero y marzo de 1996, cuando sucesivos actos de terrorismo, cuya responsabilidad reclamó para sí el ala militar de Hamas, acabaron con la vida de unos 55 israelíes e hirieron aproximadamente a otros 100. El Consejo de Seguridad condenó sin reservas los hechos ya que el claro propósito de estos "actos abominables" era socavar los esfuerzos de paz en el Oriente Medio. El 13 de marzo de 1996, el Secretario General se reunió con nueve Jefes de Estado y nueve de Gobierno en la Cumbre para el establecimiento de la paz, en Sharm el-Sheikh (Egipto), para oponerse a los actos de violencia en el Oriente Medio. En un comunicado conjunto, los dirigentes extendieron su apoyo a la continuación del proceso de negociaciones y a su reforzamiento tanto en lo político como en lo económico.

Con anterioridad a las elecciones israelíes de mayo de 1996 se iniciaron las negociaciones oficiales entre las partes para alcanzar un acuerdo sobre el estatuto permanente. No obstante no se habían hecho progresos todavía cuando estalló la violencia a consecuencia de la decisión del nuevo Gobierno israelí de reabrir un viejo túnel por debajo de la mezquita de Al-Aqsa. Una vez que el Consejo de Seguridad, reunido el 27 de septiembre de 1996, instó a que se pusiera fin de inmediato a todos los actos que dieron por resultado el agravamiento de la situación y a que se anularan, se reiniciaron las negociaciones para alcanzar un estatuto permanente en octubre de 1996.

Con anterioridad, el 4 de septiembre, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunió con el Sr. Yasser Arafat por primera vez en el paso de Erez, entre Israel y la Faja de Gaza. Las Naciones Unidas y Noruega habían posibilitado las conversaciones, a instancia de ambas partes. Previamente a la reunión se habían dado múltiples contactos y actividades de mediación para concluir un acuerdo marco sobre el futuro de las negociaciones. Se hizo saber que los dos dirigentes estaban de acuerdo

en que las cuestiones pendientes, como el redespliegue en Hebrón, el cierre de la Ribera Occidental y la Faja de Gaza y el aeropuerto de Palestina, se debatirían en comités directivos conjuntos.

El Protocolo de Hebrón, 1997

En enero de 1997, Israel y la Autoridad Palestina firmaron el Protocolo de Hebrón, relativo al redespliegue de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Hebrón. El Protocolo establecía también un calendario para el redespliegue de las FDI en la Ribera Occidental y la reanudación de las negociaciones sobre el estatuto permanente. En marzo de ese mismo año, Israel aprobó un plan para realizar el primer redespliegue en la Ribera Occidental.

Los dos años siguientes vieron muy escasos progresos en el proceso de paz. Crecientemente preocupada por el empeoramiento de la situación, la Asamblea General volvió a convocar su décimo período extraordinario de sesiones de emergencia el 17 de marzo de 1998 para deliberar sobre las "medidas ilegales israelíes en la Jerusalén oriental ocupada y el resto del territorio palestino ocupado". El período de sesiones se había convocado inicialmente en abril de 1997, y se reunió dos veces, en continuación del período de sesiones, en julio y noviembre de aquel año. La Asamblea manifestó su preocupación por las violaciones persistentes, de que era responsable Israel, de las disposiciones del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (Cuarto Convenio) y reiteró su llamamiento para que las Altas Partes Contratantes en el Convenio convocaran una conferencia sobre medidas para aplicar el Convenio en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén.

La Conferencia del Cuarto Convenio de Ginebra, 1999

La Asamblea General siguió instando a que se estudiaran medidas aplicables a la protección internacional de los civiles palestinos. Siguió ocupándose de la situación, y en su décimo período extraordinario de sesiones de emergencia hizo un llamamiento para que se convocara para el 15 de julio de 1999 una conferencia sobre medidas para hacer aplicar el Cuarto Convenio en el territorio palestino ocupado.

La Conferencia, para la que la Asamblea había fijado un plazo no posterior a febrero de 1998, no se convocó. A raíz de una propuesta de Suiza de que se iniciara un diálogo sobre la aplicación del Convenio, se convocó una sesión privada entre Israel y la OLP en Ginebra, en junio de 1998. En octubre de 1998 se celebró una reunión de expertos de las Altas Partes Contratantes en el Convenio. A pesar de todas estas consultas no fue posible alcanzar un consenso sobre la celebración de la conferencia. (Cuando finalmente, el 15 de julio de 1999, se abrió la conferencia en Ginebra, sólo duró un día. En una declaración emitida al final de la Conferencia, las Altas Partes Contratantes que habían participado en ella reafirmaron la aplicabilidad del Cuarto Convenio de Ginebra en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental. La Conferencia aplazó sus deliberaciones en el entendimiento de que volvería a reunirse a tenor de las consultas que se celebraran sobre la situación humanitaria sobre el terreno)

El Memorando de Wye River, 1998

A fines de 1998 pareció reanimarse el proceso de paz. Después de ocho días de conversaciones en Wye River, Maryland, EE. UU., Israel y la Organización de Liberación de Palestina firmaron el Memorando de Wye River en Washington, D.C., el 23 de octubre de 1998. El acuerdo, firmado por el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el Presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, en presencia del Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y del Rey Hussein de Jordania, establecía los elementos siguientes:

- Israel retiraría sus tropas del 13% de los territorios de la Ribera Occidental, y el 14,2% del territorio de la Ribera Occidental pasaría de la administración conjunta israelí-palestina (zona B) a la administración palestina (zona A).

- Ambas partes reanudarían de inmediato negociaciones sobre el estatuto permanente.

- La Autoridad Palestina tomaría medidas para combatir el terrorismo.

El Secretario General describió el Memorando de Wye River como un paso prometedor. En una resolución aprobada el 2 de diciembre de 1998, la Asamblea General también expresó su apoyo pleno al proceso de paz y expresó la esperanza de que el Memorando de Wye River se aplicara plenamente. El acuerdo se complementó posteriormente en 1999 con la firma de un Acuerdo Provisional por el que se produjo un nuevo redespliegue de las tropas israelíes de la Ribera Occidental y de otros acuerdos sobre prisioneros, la apertura de un paso franco entre la Ribera Occidental y Gaza y la reanudación de negociaciones acerca de un estatuto permanente.

El 30 de noviembre de 1998, representantes de unos 50 países, en una reunión en Washington, D.C., se comprometieron a aportar más de tres mil millones de dólares para construir infraestructuras e intensificar el desarrollo económico en las zonas bajo jurisdicción de la Autoridad Palestina. Al tomar posesión, en mayo de 1999, un nuevo Gobierno israelí, encabezado por Ehud Barak, se renovaron las esperanzas de que prosiguieran las negociaciones. El 4 de septiembre de 1999, Israel y la Autoridad Palestina firmaron el Memorando de Sharm el-Sheik sobre los plazos de ejecución de los compromisos suscritos pendientes y sobre las negociaciones relativas al estatuto permanente. A la firma siguió la liberación de parte de los presos palestinos, la apertura del paso franco meridional entre la Ribera Occidental y Gaza y otros redespliegues de tropas israelíes de las zonas de la Ribera Occidental.

Las conversaciones de Camp David, 2000

En julio de 2000, el Presidente de los Estados Unidos, Hill Clinton, invitó a los dirigentes de Israel y de la Autoridad Palestina a mantener conversaciones de paz en Camp David, Maryland. La cumbre acabó sin que se adoptaran decisiones y sin que las partes pudieran alcanzar un acuerdo definitivo respecto a las cuestiones pendientes. No obstante, ambas partes renovaron su compromiso de seguir negociando con vistas a conseguir un acuerdo lo antes posible. Bloqueadas las conversaciones de paz, la situación sobre el terreno empeoró rápidamente.

La intifada de Al-Aqsa, 2000-2001

A fines de septiembre de 2000 se inició una nueva oleada de protestas y violencia en el territorio palestino ocupado a raíz de que el dirigente de la oposición israelí (más tarde Primer Ministro) Ariel Sharon visitara Harm el-Shariff (Monte del Templo) en Jerusalén el 28 de septiembre. Según se informó, al menos 50 personas murieron y unas 1.500 sufrieron heridas, la mayoría palestinas, como resultado de cinco días de choques continuados entre israelíes y palestinos. En la primera semana de octubre, por lo menos otros seis palestinos murieron en enfrentamientos con las fuerzas israelíes en esporádicos incidentes violentos en Jerusalén y en otras partes del territorio palestino ocupado.

La nueva oleada de violencia se denominó intifada de Al-Aqsa, por el nombre de la mezquita que estaba en el origen de la protesta palestina.

Alarmado por la dramática intensificación del conflicto, el Consejo de Seguridad, por su resolución 1322 (2000), condenó la última oleada de violencia en el Oriente Medio y el uso excesivo de la fuerza contra los palestinos. Asimismo exhortó a Israel al cumplimiento escrupuloso del Cuarto Convenio de Ginebra e instó a la reanudación inmediata de las conversaciones de paz. El Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, que se reunió en octubre para analizar la situación, reiteró su actitud de que las Naciones Unidas continuasen ejerciendo su responsabilidad permanente con relación a todos los aspectos de la cuestión de Palestina hasta que tuvieran plena vigencia los derechos inalienables del pueblo palestino.

El Secretario General visitó la región en octubre de 2000 a fin de indagar los medios urgentes para poner fin al ciclo de violencia y reavivar el proceso de paz, reuniéndose con dirigentes de Israel y de la Autoridad Palestina, así como con otros dirigentes de la región. Asistió también a una reunión en la cumbre en Sharm el-Sheik, Egipto, el 16 y 17 de octubre de 2000, copresidida por el Presidente de Egipto, Hosni Mubarak, y el de los Estados Unidos, Bill Clinton. La cumbre acabó en un entendimiento en tres aspectos esenciales: seguridad, cooperación y otras medidas para poner fin a la confrontación, una comisión de verificación de los acontecimientos para que investigara los trágicos acontecimientos entonces recientes y cómo evitar su reproducción y conseguir la renovación del proceso de paz.

En su informe de noviembre de 2000 sobre la situación en el Oriente Medio, el Secretario General Kofi Annan observó que habían muerto más de 230 personas y que muchas otras habían sufrido heridas. La "trágica situación ha puesto claramente de manifiesto a todas las partes que la causa de la paz se verá necesariamente perjudicada por el uso excesivo de la fuerza, la violencia indiscriminada o el terrorismo", dijo el Secretario General.

En una resolución aprobada el 1° de diciembre de 2000, la Asamblea General expresó su pleno apoyo al proceso de paz. Expresó la esperanza de que ese proceso condujera al establecimiento de una paz general, justa y duradera en el Oriente Medio. Igualmente subrayó la necesidad de comprometerse a observar el principio de "territorio por paz" y a aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967) y 338 (1973), que constituían la base del proceso de paz en el Oriente Medio, y de que se aplicaran inmediata y escrupulosamente los acuerdos concertados entre las partes, incluido el redespliegue de las fuerzas israelíes de la Ribera Occidental.

Las partes volvieron a reunirse en Taba, Egipto, en enero de 2001. Aunque se informó de que se habían producido avances considerables, las partes fueron incapaces de llegar a un acuerdo antes del fin de las negociaciones debido a las inminentes elecciones a Primer Ministro y al Parlamento en Israel.

En febrero de 2001 tomó posesión en Israel un nuevo Gobierno, presidido por Ariel Sharon, que se declaró dispuesto a proseguir las negociaciones pero sin considerarse vinculado por los acuerdos previos entre Israel y la Autoridad Palestina. La violencia no cesó en el territorio palestino ocupado. Al dirigirse al Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino en marzo de 2001, el Secretario General Kofi Annan describió la crisis como "una tragedia humana y una fuente de preocupación grave para el futuro". Las partes, en su opinión se enfrentaban a varias crisis al mismo tiempo:

- Primera, una crisis de seguridad, con un rosario de violencia, destrucción y muerte;

- Segunda, una crisis económica y social, con un desempleo y pobreza crecientes, cierres de fronteras, restricciones y medidas que privaban a la Autoridad Palestina de los recursos financieros necesarios; y

- Tercera, una crisis de confianza, con miedo, desesperación e ira crecientes en la calle y un desplome de la confianza en el proceso de paz.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en marzo de 2001 para estudiar las propuestas de autorizar la presencia en el territorio palestino ocupado de observadores de las Naciones Unidas que prestaran protección a los civiles palestinos. Cuando se procedió a votar, el 27 de marzo de 2001, un proyecto que proponía que el Consejo instituyera dicho mecanismo, nueve países votaron a favor, uno lo hizo en contra y cuatro se abstuvieron.

En los meses siguientes prosiguió la violencia con una cantidad sin precedentes de muertos y heridos en ambas partes. En un signo esperanzador, la comisión de determinación de los hechos de Sharm el-Sheik ("Comisión Mitchell") publicó un informe de determinación de los hechos el 21 de mayo. La Comisión Internacional estaba compuesta por cinco miembros nombrados por el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a raíz de la cumbre de Sharm el-Sheik y presidida por el ex Senador de los Estados Unidos George Mitchell. El informe, entre otras cosas, pedía:

- Inmediata cesación del fuego,

- Congelación de la construcción de asentamientos judíos,

- Denuncia del terrorismo, y

- Reanudación de las conversaciones de paz.

El Secretario General Kofi Annan celebró la aparición del informe Mitchell y ese mismo día dijo que el informe permitiría a las partes dar pasos en pro de la cesación del fuego y de la adopción de medidas que restaurasen la confianza y que les permitieran posteriormente retornar a la mesa de negociaciones. El Secretario General expresó la esperanza de que "no se desaproveche la oportunidad y que las partes se sirvan de ella para retroceder desde el borde del precipicio en que se encuentran y tratar de poner fin a la violencia en la región".

Algunos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también expresaron su pleno apoyo a los esfuerzos del Secretario General Kofi Annan para reanudar el diálogo entre las partes en el conflicto del Oriente Medio y manifestaron su respaldo al informe Mitchell. En una declaración formulada después de un informe del Secretario General en sesión privada, el 22 de mayo de 2001, el Presidente del Consejo dijo que los miembros de éste acogían con agrado la publicación del informe de la Comisión Mitchell y las reacciones positivas que había suscitado en las partes. Los miembros del Consejo hicieron un llamamiento a las partes para que estudiaran con ahínco las recomendaciones de la Comisión y para que empezaran de inmediato a adoptar las medidas necesarias para cumplir dichas recomendaciones, incluidas las medidas de fomento de la confianza.

Publicado el 29 de Agosto, 2006, 6:00

La situación en el territorio palestino de la Ribera Occidental, la Faja de Gaza, incluida Jerusalén, después de más de 20 años de ocupación militar, represión y confiscaciones de tierras, coadyuvó al estallido de una sublevación espontánea, la intifada, en diciembre de 1987. Palestinos de todos los estratos sociales —jóvenes, comerciantes, trabajadores, mujeres y niños— participaron en nutridas manifestaciones, boicoteos económicos, actividades de resistencia al pago de impuestos y huelgas, en protesta por la ocupación militar de su territorio y en reclamación de la independencia nacional.

El Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, el Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan a los derechos humanos del pueblo palestino y de otros árabes de los territorios ocupados y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) han seguido de cerca la evolución de la situación.

Esos órganos han presentado informes en los que se daba cuenta de las duras medidas adoptadas por las autoridades de ocupación, incluidas la utilización de munición de guerra contra los manifestantes y las palizas propinadas como castigo ejemplar. Entre 1987 y 1993 murieron más de 1.000 palestinos, y decenas de miles han resultado heridos. Millares de palestinos han sido detenidos e internados en prisiones de Israel y muchos de ellos han sido deportados del territorio palestino ocupado. En los informes se describen casos de malos tratos y de torturas en las cárceles, de utilización de gases lacrimógenos con resultados fatales, de extralimitación en la utilización de munición de guerra, de palizas y de otras graves medidas. Además, las autoridades de ocupación han recurrido también a diversas formas de represalias colectivas, como la demolición de viviendas, la imposición de toques de queda prolongados y la adopción de medidas económicas restrictivas.

El sistema de enseñanza se paralizó a causa del cierre prolongado de escuelas y universidades y de la prohibición de impartir enseñanza extraescolar. Se impusieron restricciones a los servicios sociales y se declararon fuera de la ley ciertos medios de comunicación y organizaciones cívicas. Se talaron decenas de miles de árboles productivos y se destruyeron cultivos. Según los informes recibidos, se incrementó el alcance y la gravedad de los actos de violencia y de agresión por parte de los colonos israelíes. En esa situación, los palestinos intentaron, a pesar de todo, superar las graves dificultades económicas recurriendo a la economía de base comunitaria.

El Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Secretario General mostraron grave preocupación por las medidas adoptadas por las autoridades de ocupación contra la intifada. Desde el comienzo mismo del levantamiento, comenzando con la resolución 605 (1987) del Consejo de Seguridad, de 22 de diciembre de 1987, se prestó especial atención a la seguridad y a la protección de los palestinos en los territorios ocupados de conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949. En dicha resolución el Consejo de Seguridad “lamenta profundamente esa política y esas prácticas de Israel, la Potencia ocupante, que violan los derechos humanos del pueblo palestino en los territorios ocupados, y en particular, que el ejército israelí haya abierto el fuego, causando muertos y heridos entre los civiles palestinos indefensos”.

Luego de la aprobación de la resolución 605 (1987), el Consejo de Seguridad aprobó cuatro resoluciones específicamente dedicadas a la cuestión de las deportaciones de los palestinos de los territorios ocupados. En las resoluciones 607 (1988), de 5 de enero de 1988, 608 (1988), de 14 de enero de 1988, 636 (1989), de 6 de julio de 1989, y 641 (1989), de 30 de agosto de 1989, el Consejo de Seguridad pidió a Israel que dejara de deportar civiles palestinos y que asegurara el retorno en condiciones de seguridad a los territorios ocupados de aquellos a los que ya había deportado.

En una nota presidencial de fecha 26 de agosto de 1988, los miembros del Consejo de Seguridad dijeron que estaban seriamente preocupados por la continuación del deterioro de la situación en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967, incluida Jerusalén, y, en particular, por la grave situación creada por el acordonamiento de ciertas zonas, la imposición del toque de queda y, en consecuencia, el creciente número de heridos y muertos. Los miembros del Consejo de Seguridad consideraron que la situación en los territorios ocupados tenía graves consecuencias para los esfuerzos tendientes a lograr una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio.

No se adoptaron varias medidas que se habían propuesto en el marco del Consejo de Seguridad para garantizar una protección segura de los palestinos de acuerdo con el Cuarto Convenio de Ginebra ya que no se logró un consenso entre los miembros permanentes. No obstante, el 20 de diciembre de 1990 el Consejo de Seguridad pidió unánimemente al Secretario General que hiciese nuevas gestiones en forma urgente a los efectos de vigilar y observar la situación en relación con los civiles palestinos bajo la ocupación israelí e instó a Israel a que aplicase el Cuarto Convenio de Ginebra en todos los territorios ocupados. Sin embargo, Israel ha rechazado la aplicabilidad de jure del Convenio, al tiempo que ha declarado que lo respeta de hecho.

Publicado el 28 de Agosto, 2006, 9:00

En el decenio de 1950 y a comienzos del decenio de 1960 la atención internacional suscitada por la cuestión de Palestina se centró básicamente en el problema de los refugiados palestinos y en el conflicto entre Estados. A raíz de la guerra de 1967, la cuestión de Palestina comenzó a examinarse dentro de un marco político más amplio. Así, se reactivaron las actividades de los palestinos encaminadas a ejercitar sus derechos nacionales. La Organización de Liberación de Palestina (OLP), que había sido fundada en 1964, aprobó una nueva Carta Nacional en 1968. En ese documento se indicaba que la comunidad internacional no había cumplido sus obligaciones hasta el momento y se pedía que prosiguiese la lucha para hacer efectivos los derechos palestinos.

Recuperación de la cuestión de Palestina en el programa de la Asamblea General, 1974

En diciembre de 1969, la Asamblea reconoció que “el problema de los refugiados árabes palestinos ha surgido de la negación de los derechos inalienables que tienen de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de De rechos Humanos”. En septiembre de 1974, 56 Estados Miembros propusieron que “la cuestión de Palestina” se incluyese como tema del programa de la Asamblea General. Esos Estados indicaron que la cuestión de Palestina y la situación y la suerte del pueblo palestino no habían figurado como tema independiente del programa de la Asamblea desde hacía más de 20 años. Se aceptó su propuesta, y desde entonces la cuestión de Palestina forma parte del programa de la Asamblea.

En la resolución 3236 (XXIX) de la Asamblea General, de 22 de noviembre de 1974, se reafirmaron los derechos inalienables del pueblo palestino, que incluían el derecho a la libre determinación sin injerencia del exterior, el derecho a la independencia y a la soberanía nacionales y el derecho a regresar a sus hogares y a recuperar sus bienes. Desde entonces se han reafirmado cada año los derechos del pueblo palestino, tal como habían sido enunciados por la Asamblea en 1974.

Condición de observadora de la OLP

También en 1974 la Asamblea General invitó a la OLP a que participara en sus reuniones en calidad de observadora y como representante del pueblo palestino. La condición de observadora se hizo extensiva posteriormente para todos los órganos de las Naciones Unidas.

Más tarde, en su resolución 43/177, de 15 de diciembre de 1988, la Asamblea General tomó conocimiento de la proclamación del Estado de Palestina hecha por el Consejo Nacional de Palestina. La Asamblea afirmó la necesidad de que se permitiera al pueblo palestino ejercer su soberanía sobre su propio territorio ocupado desde 1967. La Asamblea decidió asimismo que se utilizara la designación “Palestina” en vez de la designación “Organización de Liberación de Palestina”, sin perjuicio de las funciones y la condición de observadora de la Organización de Liberación de Palestina dentro del sistema de las Naciones Unidas.

Diez años más tarde, en 1998, por su resolución 52/250, de 7 de julio, la Asamblea General decidió conceder a Palestina, en su calidad de observadora, derechos y prerrogativas adicionales respecto a la participación en los períodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General, así como en las Naciones Unidas y en las conferencias internacionales de las Naciones Unidas.

Creación del Comité de Derechos de los Palestinos, 1975

En 1975, la Asamblea General estableció el Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, también conocido como Comité de Derechos de los Palestinos. Se pidió al Comité que preparara un programa destinado a que los palestinos pudiesen ejercer sus derechos inalienables. En 1976, el Comité formuló dos tipos de recomendaciones: uno, relativo al derecho de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes, y el otro, relativo a los derechos a la libre determinación, a la independencia nacional y a la soberanía.

El Consejo de Seguridad examinó el informe del Comité pero no pudo adoptar una decisión al respecto a causa del voto en contra de los Estados Unidos, que son miembro permanente del Consejo. El Consejo volvió a ocuparse del asunto en otras ocasiones, pero siempre levantó sus sesiones sin llegar a adoptar una decisión. La Asamblea General, sin embargo, respaldó las recomendaciones del Comité de Derechos de los Palestinos tanto en 1976 como en los años subsiguientes. La Asamblea también pidió al Comité que siguiera ocupándose de la cuestión de Palestina e informando y presentando recomendaciones a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad. Asimismo se encargó al Comité que procurara la más amplia difusión de la información y de sus recomendaciones por medio de organizaciones no gubernamentales y otros medios adecuados.

Durante los decenios de 1980 y 1990, el Comité siguió ocupándose de la situación relativa a los derechos de los palestinos y presentó sus conclusiones a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. Sus programas de seminarios, simposios y otras actividades contribuyeron a que se cobrara más conciencia sobre la cuestión de Palestina en el plano internacional y a que se prestara atención a la necesidad de lograr una solución pacífica basada en el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino.

Publicado el 27 de Agosto, 2006, 16:00

De mediados a finales del decenio de 1970, el Líbano fue cobrando cada vez más protagonismo en el conflicto del Oriente Medio. Muchas de las personas que habían huido de las regiones septentrionales y costeras de Palestina en 1948 encontraron refugio en campamentos ubicados en los alrededores de las ciudades libanesas de Tiro, Sidón y Beirut. En 1970 se produjo otra corriente de refugiados palestinos procedentes de Jordania, al tiempo que se intensificó constantemente la inestabilidad en el sur del Líbano. La situación en la frontera entre Israel y el Líbano ya había empeorado a comienzos de 1972. Israel atacó los campamentos de refugiados del Líbano como medida de represalia, según indicó, por las incursiones de comandos palestinos en su territorio. A petición del Líbano, el ONUVT puso en marcha una operación de observación de la cesación del fuego en la frontera en abril de 1972.

Invasión israelí del Líbano, 1978

Las fuerzas israelíes invadieron el Líbano en marzo de 1978, después de la incursión de un comando palestino en Israel. El Consejo de Seguridad pidió a Israel que retirara sus fuerzas del territorio libanés y, a petición del Líbano, estableció la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) con el fin de confirmar la retirada de las fuerzas israelíes, restablecer la paz y la seguridad internacionales y ayudar al Gobierno del Líbano a restaurar su autoridad en el sur del país. No obstante, al retirarse del Líbano, en junio de 1978, las fuerzas israelíes no hicieron entrega de sus posiciones en la frontera a la FPNUL, sino a milicias cristianas y a otras milicias vinculadas a ellas que contaban con el respaldo de Israel.

La situación en el sur del Líbano siguió siendo inestable, con frecuentes intercambios de disparos entre las milicias cristianas y las fuerzas israelíes, por una parte, y elementos armados de la OLP y del Movimiento Nacional Libanés, por otra. Gracias a los esfuerzos de las Naciones Unidas y de los Estados Unidos se logró una cesación del fuego de hecho en julio de 1981, lo que permitió que la zona se mantuviera en una situación de calma generalizada hasta mayo de 1982. Después de esa fecha, Israel emprendió incursiones aéreas contra objetivos de la OLP en el Líbano a raíz de los ataques contra diplomáticos israelíes en Londres y París. Nuevamente estallaron las hostilidades entre las fuerzas israelíes y las de la OLP.

El 5 de junio, mediante su resolución 508 (1982), el Consejo de Seguridad pidió que se pusiera fin de inmediato a todas las actividades militares en el Líbano y en la frontera entre Israel y el Líbano. La OLP reafirmó su compromiso de poner fin a todas las operaciones militares al otro lado de la frontera e Israel informó al Secretario General de que la resolución del Consejo sería examinada por el Consejo de Ministros israelí. Al día siguiente, 6 de junio, las fuerzas israelíes invadieron el Líbano, atravesando o evitando las posiciones de la FPNUL en el sur del país. El Consejo de Seguridad en su resolución 509 (1982), reiteró sus llamamientos en pro de la cesación del fuego y pidió que Israel retirara sus fuerzas militares "inmediata e incondicionalmente". La invasión prosiguió y por último las fuerzas israelíes llegaron a Beirut y lo cercaron.

El Consejo de Seguridad, que continuó reuniéndose en junio, julio y agosto de 1982, exigió que Israel levantara el bloqueo de Beirut para que los civiles de la ciudad pudieran recibir los suministros necesarios. El Consejo autorizó el despliegue de observadores militares de las Naciones Unidas, que constituían el denominado Grupo de Observadores de Beirut, para vigilar la situación en la ciudad y sus alrededores.

En agosto, durante el asedio de Beirut occidental por las fuerzas israelíes, Francia, Italia y los Estados Unidos, a petición del Gobierno del Líbano, enviaron a la ciudad una fuerza multinacional para que ayudara a organizar la salida ordenada del Líbano, en condiciones de seguridad, de los palestinos que estuviesen armados. La evacuación de las fuerzas palestinas en la zona de Beirut culminó el 1° de septiembre de 1982 y la fuerza multilateral se retiró al cabo de dos semanas.

La tirantez aumentó considerablemente tras el asesinato de Bashir Gemayal, Presidente electo del Líbano, el 14 de septiembre de 1982. Al día siguiente, unidades de las fuerzas israelíes avanzaron sobre Beirut occidental. El 17 de septiembre, centenares de civiles palestinos, entre los que figuraban mujeres y niños, fueron asesinados en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila por milicias cristianas libanesas que habían entrado en Beirut occidental con las fuerzas israelíes. El Consejo de Seguridad condenó la "criminal matanza de civiles palestinos en Beirut" y el Gobierno del Líbano pidió el regreso de la fuerza multinacional.

A finales de septiembre de 1982 regresaron a Beirut contingentes de Francia, de Italia y de los Estados Unidos, a los que más adelante se sumó una pequeña unidad del Reino Unido. La fuerza multinacional tropezó con graves obstáculos en su tarea, y a causa de sus numerosas bajas, Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos retiraron sus efectivos; a comienzos de 1984 Francia procedió a hacer lo mismo, con lo que se puso fin a la labor de la fuerza multinacional, que había durado 19 meses.

En junio de 1983 se produjeron enfrentamientos en el Líbano oriental entre diferentes facciones palestinas, lo que causó sufrimientos generalizados entre la población civil palestina. Posteriormente, el núcleo de la tirantez entre los palestinos pasó a serla zona de los alrededores de la ciudad de Trípoli, ubicada al norte del Líbano. Finalmente, las partes concertaron un acuerdo en el que se preveía la cesación del fuego y la evacuación de Yasser Arafat, Presidente de la OLP, y de elementos armados leales a él. Atendiendo a una petición de Yasser Arafat, el Secretario General decidió autorizar, por razones humanitarias, que se enarbolara la bandera de las Naciones Unidas en los buques que evacuarían a las fuerzas de la OLP de Trípoli. La evacuación se efectuó el 20 de diciembre de 1983 y millares de palestinos tuvieron que buscar refugio en Túnez, en el Yemen y en otros países.

La "zona de seguridad" de Israel en el sur del Líbano, 1985

En enero de 1985, el Gobierno de Israel anunció que efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarían operando en una "zona de seguridad" del sur del Líbano en calidad de asesores del denominado "Ejército del Líbano meridional" (ELM). Las FDI y el ELM han seguido siendo objetivos de los ataques de los grupos opuestos a la ocupación israelí. En 1993 y en 1996 Israel realizó intensos bombardeos que causaron muchas bajas civiles.

Israel se retira del Líbano, 2000

El 17 de abril de 2000, Israel informó al Secretario General que retiraría sus fuerzas del Líbano a más tardar en julio de 2000 "de plena conformidad con las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978) del Consejo de Seguridad". Como primer paso, el Secretario General mandó a su Enviado Especial, Terje Roed-Larsen (Noruega), para que se reuniera con los Gobiernos de Israel y del Líbano y con los de los Estados Miembros interesados en la región. Acompañaban al Sr. Larsen expertos de las Naciones Unidas en cartografía, asuntos jurídicos y militares, que estudiaron los aspectos técnicos relativos a la retirada.

El 2 de mayo, el Gobierno de Israel notificó al Secretario General que Israel había desplegado sus fuerzas en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Un equipo de cartógrafos de las Naciones Unidas trabajó sobre el terreno para determinar la línea que habría de adoptarse con la finalidad de confirmar la retirada israelí (a partir de ahora llamada "línea azul"). El 16 de junio el Secretario General informó al Consejo de que Israel había retirado sus fuerzas del Líbano de conformidad con la línea establecida por las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, en la resolución aprobada el 18 de junio, acogió con beneplácito el informe del Secretario General e hizo suya la labor que habían hecho las Naciones Unidas.

En su informe al Consejo de Seguridad el 20 de julio, el Secretario General afirmó que el Líbano meridional había experimentado cambios drásticos. Las fuerzas israelíes se habían retirado, sus tropas auxiliares en el Líbano habían sido disueltas y, después de más de dos décadas, las armas se habían silenciado. No obstante, advirtió de que, si bien había habido una enorme mejora, la situación en Israel-Líbano estaba aún lejos de la paz, y seguía existiendo la posibilidad de que se produjeran incidentes graves. Ambas partes deberían mantener, por tanto, un enlace eficaz con la FPNUL y adoptar rápidamente medidas para corregir cualquier violación o incidente que se señalara a su atención.

Aunque se informó de que ambas partes habían violado la "línea azul", la situación en la zona de operaciones de la FPNUL se mantuvo generalmente en calma. Una vez que el Secretario General informó al Consejo de Seguridad, el 24 de julio, de que las autoridades israelíes habían corregido todas las violaciones de la línea de repliegue, el Gobierno del Líbano aceptó el despliegue completo de la FPNUL. El 27 de julio el Consejo de Seguridad prorrogó el mandato de la FPNUL por un período de seis meses, esta vez hasta el 31 de enero de 2001. El Consejo de Seguridad hizo un llamamiento al Líbano para que garantizara el retorno de su efectiva autoridad y presencia en el sur y que, en particular, procediera a un importante despliegue de las fuerzas armadas del Líbano a la mayor brevedad posible.

Publicado el 27 de Agosto, 2006, 15:00

Publicado el 23 de Agosto, 2006, 7:30

La cuestión de Palestina siguió sin resolverse y la región se mantuvo en una situación de paz inestable, jalonada por la violencia y actos de fuerza desde 1950 a 1967, cuando Israel ocupó la totalidad de la zona del antiguo mandato británico de Palestina.

Establecimiento de la FENU-I

El conflicto armado estalló el 29 de octubre de 1956, fecha en que Israel emprendió operaciones militares contra Egipto, a las que se sumaron posteriormente Francia y el Reino Unido. En un contexto de exaltación política, Egipto había nacionalizado el Canal de Suez en julio de ese mismo año. La crisis finalizó con una cesación del fuego, que había sido pedida por la Asamblea General en un período extraordinario de sesiones de emergencia, la consiguiente retirada de las fuerzas invasoras y el despliegue de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU-I), primera fuerza de mantenimiento de la paz de la Organización.

La FENU-I se retiró en mayo de 1967 a petición de Egipto, que había informado al Secretario General de que dejaría de permitir el acantonamiento de la Fuerza en territorio egipcio y en Gaza. El 5 de junio de 1967 estallaron hostilidades entre Israel y Egipto, Jordania y Siria. Cuando las partes aceptaron la cesación del fuego pedida por el Consejo de Seguridad, Israel había ocupado el Sinaí, la Faja de Gaza, la Ribera Occidental, incluida Jerusalén oriental, y parte de las Alturas del Golán sirio.

Después de la cesación del fuego, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 237 (1967), en la que instaba a Israel a que garantizase la protección, el bienestar y la seguridad de los habitantes de las zonas donde se habían llevado a cabo operaciones militares y a que diera facilidades para el regreso de las personas desplazadas. Se pedía a los gobiernos interesados que respetaran escrupulosamente los principios humanitarios que regían la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, principios que figuraban en el Cuarto Convenio de Ginebra, de 1949. En su quinto período extraordinario de sesiones de emergencia, convocado al iniciarse los combates, la Asamblea General pidió a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que prestaran asistencia humanitaria a los afectados por la guerra. La Asamblea pidió a Israel que revocara todas las medidas que ya había adoptado y que desistiera de nuevos actos que alterasen el régimen de Jerusalén.

Resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad

El 22 de noviembre de ese mismo año, y tras prolongadas negociaciones, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la resolución 242 (1967), en la que sentaba los principios para lograr una solución pacífica en el Oriente Medio. En la resolución se disponía que el establecimiento de una paz justa y duradera incluiría la aplicación de dos principios:

- El retiro de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparan durante el reciente conflicto; y

- La terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial o independencia política de todos los Estados de la zona y de su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, y libres de amenaza o actos de fuerza.

En la resolución se reafirmaba la necesidad de “lograr una solución justa del problema de los refugiados”.

Egipto y Jordania aceptaron la resolución 242 (1967) y pidieron que Israel se retirara de todos los territorios ocupados en la guerra de 1967 como condición previa a la celebración de negociaciones. Israel, que también había aceptado la resolución, señaló que los problemas de la retirada y de los refugiados solamente podrían solucionarse mediante negociaciones directas con los Estados árabes y la concertación de un tratado general de paz. Siria rechazó la resolución del Consejo, alegando que en ella se supeditaba la cuestión fundamental de la retirada israelí a las concesiones que se exigían a los países árabes. La Organización de Liberación de Palestina (OLP) criticó enérgicamente la resolución, en la que, a su juicio, la cuestión de Palestina quedaba reducida al problema de los refugiados.

La guerra de 1973 y la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad

En octubre de 1973 estalló la guerra de nuevo entre Egipto e Israel en la zona del Canal de Suez y del Sinaí, y entre Israel y la República Árabe Siria en el Golán. Al alcanzar los combates un punto crítico, la Unión Soviética y los Estados Unidos solicitaron de consuno una reunión urgente del Consejo de Seguridad.

El 22 de octubre, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 338 (1973), que reafirmaba los principios de la resolución 242 y reclamaba negociaciones para conseguir “una paz justa y duradera en el Oriente Medio”. El llamamiento a la cesación del fuego se confirmó en la resolución 339 (1973), de 23 de octubre, y se pidió al Secretario General que enviara observadores de las Naciones Unidas de forma inmediata.

No obstante, como prosiguieran los combates en la región, el Presidente Anwar el-Sadat, de Egipto, apeló directamente a la Unión Soviética y a los Estados Unidos para que intervinieran con sus tropas e impusieran la cesación del fuego. Si bien la Unión Soviética aceptó, los Estados Unidos se opusieron a la petición, lo que enfrentó a las dos superpotencias. A solicitud de Egipto, el Consejo de Seguridad volvió a reunirse el 24 de octubre, acordándose una resolución que pedía la creación de una fuerza de mantenimiento de la paz que se convirtió en la segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU-II).

Una vez que Egipto e Israel acordaron retirar sus fuerzas, la FENU-II supervisó su nuevo despliegue. De conformidad con un acuerdo por separado establecido en mayo de 1974, Israel y Siria firmaron un acuerdo de retirada de tropas. Ello condujo al establecimiento de una Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), que se encargó de supervisar el cumplimiento de los acuerdos entre Israel y Siria. El Consejo renovó regularmente el mandato de la FENU hasta julio de 1979, cuando expiró a raíz de la conclusión de un tratado de paz entre Egipto e Israel. La FNUOS sigue actuando en el Golán.

Publicado el 23 de Agosto, 2006, 7:00

Publicado el 22 de Agosto, 2006, 20:30

El Reino Unido sometió la cuestión de Palestina a consideración de la Asamblea General casi en el momento del nacimiento de las Naciones Unidas. En el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, en abril de 1947, se constituyó una Comisión Especial para Palestina (UNSCOP) compuesta por 11 miembros. La mayoría de los miembros de la Comisión recomendó que Palestina se dividiera en un Estado árabe y un Estado judío con un estatuto internacional especial para la ciudad de Jerusalén, bajo la autoridad administrativa de las Naciones Unidas.

El Plan de Partición, 1947

En su segundo período ordinario de sesiones, la Asamblea General, después de un intenso debate de dos meses de duración, aprobó la resolución 181 (II), de 29 de noviembre de 1947, en la que se aprobaba, con ligeras modificaciones, el Plan de Partición con la Unión Económica propuesto por la mayoría de los miembros de la Comisión Especial para Palestina. En el Plan de Partición, minucioso documento de cuatro partes adjunto a la resolución, se preveía la terminación del mandato, la retirada progresiva del ejército británico y la fijación de fronteras entre los dos Estados y Jerusalén.

El Plan incluía: La creación de los Estados árabe y judío a más tardar el 1º de octubre de 1948; Y La división de Palestina en ocho partes: tres corresponderían al Estado árabe y tres al Estado judío. La séptima, a saber, la ciudad de Jaffa, constituiría un enclave árabe dentro del territorio judío; Y La octava parte, a saber, Jerusalén, estaría administrada por el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas.

En el Plan también se establecían las medidas que debían adoptarse antes de la independencia. Trataba de cuestiones como la ciudadanía, el tránsito, la Unión Económica y una declaración que debía formular el gobierno provisional de cada uno de los futuros Estados sobre el acceso a los lugares sagrados y los derechos religiosos y de las minorías. En virtud de la resolución 181 (II), la Asamblea General estableció además la Comisión de las Naciones Unidas para Palestina, que se encargaría de cumplir sus recomendaciones, y pidió al Consejo de Seguridad que adoptase las medidas necesarias para ejecutar el Plan de Partición.

El Organismo Judío aceptó la resolución, a pesar de no estar satisfecho con determinados aspectos, como el modo en que se consideraban la emigración judía de Europa y los límites territoriales establecidos para el Estado judío que se proponía. Los árabes palestinos y los Estados árabes no aceptaron el Plan, alegando que infringía las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, en cuya virtud se reconocía el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio destino. A este respecto, dijeron que la Asamblea había hecho suyo el Plan en circunstancias indignas de las Naciones Unidas y que los árabes de Palestina se opondrían a cualquier plan de división, segregación o partición de su país o en el que se concediesen derechos y estatutos especiales y preferenciales a una minoría.

Terminación del mandato británico

La aprobación de la resolución 181 (II) fue seguida de estallidos de violencia en Palestina. Habida cuenta del empeoramiento de la situación, el Consejo de Seguridad convocó un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, del 16 de abril al 14 de mayo de 1948. El 17 de abril, el Consejo de Seguridad pidió que cesaran todas las actividades militares y paramilitares en Palestina, y el 23 de abril estableció la Comisión de la Tregua para que propiciara la concertación de una cesación del fuego y la supervisara. Por su parte, la Asamblea General relevó a la Comisión para Palestina de sus funciones y decidió nombrar un mediador encargado de fomentar un arreglo pacífico en colaboración con la Comisión de la Tregua. El 20 de mayo se eligió Mediador de las Naciones Unidas al Conde Folke Bernadotte, Presidente de la Cruz Roja de Suecia.

Primera guerra árabe-israelí, 1948-1949

El 14 de mayo de 1948 el Reino Unido renunció a su mandato sobre Palestina y retiró sus fuerzas. Ese mismo día, el Organismo Judío proclamó la creación del Estado de Israel en el territorio que se le había adjudicado en el Plan de Partición. Inmediatamente se intensificaron las violentas hostilidades entre las comunidades árabe y judía. Al día siguiente entraron en el territorio tropas regulares de los Estados árabes para ayudar a los árabes palestinos.

Los combates cesaron al cabo de varias semanas gracias a la concertación de una tregua de cuatro semanas pedida por el Consejo de Seguridad el 29 de mayo de 1948. La tregua entró en vigor el 11 de junio y fue supervisada por el Mediador de las Naciones Unidas con la asistencia de un grupo de observadores militares internacionales denominado Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua en Palestina (ONUVT). A pesar de los esfuerzos del Mediador, no se pudo concertar una prórroga de la tregua y los combates se reanudaron el 8 de julio.

El 15 de julio de 1948 el Consejo de Seguridad consideró mediante una resolución que la situación existente en Palestina constituía una amenaza para la paz. A este respecto, ordenó una cesación del fuego y declaró que su incumplimiento se interpretaría como un quebrantamiento de la paz, que requeriría considerar inmediatamente la posibilidad de adoptar medidas coercitivas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. La segunda tregua entró en vigor conforme a lo dispuesto en la resolución. Por entonces, Israel controlaba gran parte del territorio asignado al Estado árabe en virtud de la resolución sobre la partición y la parte occidental de Jerusalén; por su parte, Egipto y Jordania respectivamente administraban las partes restantes de Gaza y de la Ribera Occidental del río Jordán (incluida Jerusalén oriental o la parte vieja de la ciudad). Durante los nuevos combates que tuvieron lugar en octubre de 1948 y marzo de 1949, Israel se apoderó de otras zonas, algunas de las cuales habían sido asignadas al Estado árabe. En 1950 Jordania estableció oficialmente su jurisdicción sobre la Ribera Occidental, incluida Jerusalén oriental, hasta que se lograse una solución al problema. Por otra parte, las hostilidades dieron lugar a una grave crisis humanitaria, que entrañó el abandono de sus tierras por parte de 750.000 palestinos, quienes pasaron a ser refugiados.

Mientras las partes celebraban negociaciones, el Conde Bernadotte fue muerto a tiros, el 17 de septiembre de 1948, en el sector de Jerusalén que se encontraba en poder de los judíos. A raíz de ello fue nombrado Mediador interino el estadounidense Ralph Bunche.

Entre febrero y julio de 1949 se concertaron acuerdos de armisticio entre Israel, por una parte, y Egipto, Jordania, el Líbano y Siria, por otra, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En los acuerdos, cuyo contenido era similar en términos generales, se aceptaba el establecimiento del armisticio como medida indispensable para el restablecimiento de la paz en Palestina. Además, se dejaba claro que el objetivo del armisticio no era establecer ni reconocer derechos territoriales, de custodia o de otra índole ni reclamaciones o intereses de ninguna de las partes.

En agosto de 1949 el Consejo de Seguridad pidió a los observadores del ONUVT que supervisaran el armisticio. Los observadores permanecieron en el Oriente Medio, de conformidad con las decisiones del Consejo. Resolución 194 (III) de la Asamblea General: el derecho al regreso. Durante su tercer período ordinario de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 194 (III), de 11 de diciembre de 1948, que esbozaba la manera de resolver el problema palestino.

A raíz de las sugerencias que figuraban en un informe preparado por el Conde Bernadotte para arbitrar una solución a la situación cada vez más insostenible que existía en Palestina, la Asamblea resolvió que: Los refugiados que desearan regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos que lo hicieran así lo antes posible; Deberían pagarse indemnizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidieran no regresar a sus hogares. La Asamblea también pidió la desmilitarización e internacionalización de Jerusalén, así como la protección de los lugares sagrados de Palestina y el libre acceso a los mismos. En la resolución 194 (III) se disponía además el establecimiento de una Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina, integrada por tres Estados Miembros, que habría de asumir las funciones encomendadas al Mediador de las Naciones Unidas en la medida en que lo juzgase necesario. La Asamblea encargó a la Comisión que ayudara a las partes a arreglar en forma definitiva todas las cuestiones pendientes entre ellas y que facilitara la repatriación, reinstalación y rehabilitación económica y social de los refugiados. Posteriormente, la Asamblea nombró miembros de la Comisión a los Estados Unidos, Francia y Turquía.

La Comisión de Conciliación intentó resolver tres cuestiones principales: la extensión de los territorios, los refugiados y el régimen de Jerusalén. Previa celebración de conversaciones por separado con los Estados árabes (Egipto, Jordania, el Líbano y Siria) e Israel, en una conferencia que tuvo lugar en Lausana en abril de 1949, la Comisión logró que cada una de las partes firmase por separado un protocolo en el que aceptaba utilizar las fronteras establecidas en la resolución sobre la partición como base para la celebración de conversaciones. No obstante, las reuniones celebradas por la Comisión en 1949 no produjeron resultados concluyentes, ya que los Estados árabes exigían como primera medida el regreso de los refugiados e Israel insistía en que se diese prioridad a la cuestión territorial.

Tampoco fue fructífera la labor posterior que realizó la Comisión para lograr el regreso de los palestinos y establecer un régimen internacional para Jerusalén. Desde 1951, la Comisión ha intentado que se desbloqueen totalmente las cuentas bancarias que los refugiados árabes tienen en Israel. En 1964 la Comisión terminó la preparación de una relación de bienes de los refugiados árabes, que conserva en su poder.

En informes periódicos presentados a la Asamblea General desde 1952, la Comisión ha destacado reiteradamente que, para que tenga éxito la labor que realiza a los efectos de lograr la aplicación de la resolución 194 (III), las partes tendrán que modificar considerablemente su actitud. Desde 1948, la Asamblea ha reiterado cada año, prácticamente, el contenido de esa resolución.

Entretanto, el 11 de mayo de 1949, Israel se convirtió Estado Miembro de las Naciones Unidas. Al admitir la Asamblea General tomó nota específicamente de las declaraciones y explicaciones que con anterioridad había formulado Israel ante la Comisión Política de la Asamblea con respecto cumplimiento de las resoluciones 181 (II) y 194 (III). Declaraciones y explicaciones se referían, entre otras régimen internacional de Jerusalén, al problema de los refugiados árabes y a las cuestiones de las fronteras.

Publicado el 22 de Agosto, 2006, 20:25